lunes, 20 de octubre de 2014

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Ejército debe juzgar a militares acusados de narco: Corte

  • lunes, 20 de octubre de 2014

  • Distrito Federal-Narcoviolencia-El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió, en votación dividida, que los elementos castrenses que cometan delitos contra la salud, sin que haya civiles involucrados, pueden ser juzgados por tribunales militares y no por la justicia federal.

    Esto al confirmar las sentencias de primera instancia que declararon penalmente responsable de este ilícito al soldado Luis Alberto Martínez Campos, así como del tribunal colegiado de circuito que rechazó ampararlo contra el fallo dictado el 21 de septiembre de 2007 por el Supremo Tribunal Militar por delitos contra la salud.

    Al hablar en favor de la ponencia, aprobada por seis votos a favor y cuatro en contra, la ministra Margarita Luna Ramos detalló que un grupo de castrenses, en el que estaba Martínez Campos, que cuidaban un retén en la frontera norte, permitieron "el paso de droga" y por eso "son consignados a un juez militar".

    Martínez Campos "aduce que debiera haber sido juzgado por un tribunal civil en función de que si bien es cierto que no hubo un civil involucrado en la coparticipación del delito, al tratarse de un ilícito en contra de la salud, pudiera decirse que quien está involucrada es la sociedad mexicana", agregó.

    Sin embargo, Luna Ramos sostuvo que "no existe involucrado ningún paisano como la Constitución lo determina, y que por tanto, está correctamente aplicado el Artículo 57, fracción II", que señala que "si no está involucrado un civil, quien debe es competente para juzgarlo es el Tribunal Militar".

    Además, "el hecho de que los delitos contra la salud pudieran decirse que atentan contra la sociedad, no están referidos en los artículos 13 y 57 de la Constitución, por lo que debe ser "juzgado por un tribunal militar", aseveró al votar en favor de la ponencia del ministro Mario Pardo Rebolledo.

    Los cuatro ministros que sufragaron contra el proyecto fueron el presidente de la Corte, Juan Silva Meza, así como Olga Sánchez Cordero, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, y José Ramón Cossío Díaz.
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    Tamaulipas tiene mas desaparecidos que Guerrero

  • CLIC EN EL MAPA PARA VER A DETALLE
    CNN Lunes 20 de octubre del 2014
    Ciudad de México-Narcoviolencia- Cinco entidades concentran 50% del número de desaparecidos en México, que hasta agosto pasado ascendía a 22,322 personas, según las cifras oficiales más recientes.

    Ese porcentaje lo conforman Tamaulipas, con 4,875 casos; Jalisco, con 2,113; Estado de México, con 1,554; Distrito Federal, con 1,450, y Coahuila, con 1,332, de acuerdo con estadísticas que el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) entregó a CNNMéxico el 15 de octubre.

    El RNPED comenzó a elaborarse en 2011, durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), a raíz de exigencias de organizaciones civiles para que se atendiera el problema de los desaparecidos en el país.

    La base de datos es operada por el gobierno federal, a través de la Procuraduría General de la República (PGR) y del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), y se actualiza a partir de la información reportada por las procuradurías locales.

    Si lees esta nota en un dispositivo móvil, da clic aquí para ver la infografía completa.

    De las cinco entidades con más casos, la cantidad registrada en Tamaulipas —un estado ubicado al norte de México— equivale a una desaparición por cada 178 familias.

    Además, Tamaulipas también es considerado uno de los más violentos por su tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes, que asciende a 13.25 cuando la media nacional es de 8.85 en lo que va del año. Las autoridades atribuyen esta situación a la operación de grupos del crimen organizado que se disputan rutas para enviar droga a Estados Unidos y cometen secuestros y extorsiones.

    En agosto de 2010, por ejemplo, la Marina mexicana halló una fosa clandestina con los cadáveres de 72 migrantes, que fueron secuestrados y después asesinados por el grupo delictivo de Los Zetas, según informó entonces el gobierno federal.

    De acuerdo con las estadísticas del RNPED, otras entidades donde se registran más de 1,000 desapariciones son Sinaloa (1,289), Baja California (1,260), Guanajuato (1,207) y Chihuahua (1,127).

    El 'eco' de Guerrero

    El tema de los desaparecidos en México genera controversia desde el gobierno anterior, luego de que organizaciones civiles afirmaran que las desapariciones aumentaron debido a que la estrategia de seguridad del entonces presidente, Felipe Calderón, provocó más violencia.

    Durante la primera mitad del año, el gobierno de Enrique Peña Nieto causó polémica al informar que la cifra de personas desaparecidas había bajado de 26,000 a 8,000, para después indicar que era de 16,000 con corte a junio.

    Activistas consultados entonces acusaron a las autoridades de manejar el dato con poca seriedad y "falta de respeto" hacia los familiares.

    El asunto ha vuelto a atraer la atención pública —incluso de parte de otros países y de organismos internacionales— a raíz de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa ocurrida en el municipio de Iguala, Guerrero, tras un incidente en el que fueron atacados por policías locales la noche del 26 de septiembre.

    Al igual que Tamaulipas, Guerrero es considero uno de los estados más violentos del país. En homicidios, por ejemplo, en lo que va del año tiene a nivel nacional la tasa más alta por cada 100,000 habitantes (29.01) y ocupa el segundo lugar en esos crímenes en términos absolutos (1,029, sólo detrás de los 1,324 del Estado de México).

    Sin embargo, Guerrero no aparece en los primeros sitios en la cantidad de desapariciones, sino hasta el escalón 14 con 406 casos.

    Chasel Colorado, coordinadora de Incidencia en Políticas Públicas de la organización Amnistía Internacional (AI), señaló al respecto que las cifras del RNPED no reflejan la magnitud del problema en todos los estados, pues algunos carecen de mecanismos para registrar todas las desapariciones que ocurren en sus territorios y a su vez reportarlas al gobierno federal.

    "Esa invisibilidad que se podría ver en algunos estados de este tipo de problemática atiende a que no se están documentando y no se están agregando a un registro oficial los casos de personas desaparecidas", dijo Colorado en entrevista.

    "Esto va un paso más arriba, desde que no hay un programa nacional de búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas que articule todos los esfuerzos", agregó.

    El plan de búsqueda, aún pendiente

    Hasta ahora, la PGR atribuye la desaparición de los normalistas a que policías de Iguala y del municipio de Cocula ligados al crimen organizado los entregaron al grupo conocido como Guerreros Unidos.

    Los familiares de los jóvenes exigen que sean localizados a la brevedad y que se castigue a los responsables, entre los que acusan al ahora exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, quien fue retirado del cargo por el congreso local.

    Además, las familias consideran que hay poca claridad en las investigaciones, un reclamo que se repite en otras indagatorias sobre la desaparición de personas, afirman las organizaciones civiles.

    En agosto, cuando la subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, Mariana Benítez Tiburcio, dio a conocer la cifra más actual de desaparecidos en el país, señaló que el tema es "prioridad" para el presidente Enrique Peña Nieto, por lo que el gobierno federal trabaja con autoridades de otros niveles para homologar los criterios para registrar casos y realizar la búsqueda de personas.
    La finalidad de estas acciones, según la subprocuradora, es construir un Plan Nacional de Búsqueda "sistematizado y de carácter permanente", que incluya puntos como la creación de una red de funcionarios dedicados a este asunto, el establecimiento de un protocolo único en la materia, la capacitación de los servidores públicos involucrados y la celebración de audiencias "continuas y periódicas" para informar a los familiares de los avances de una investigación.
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    Kit de un Halcón en Reynosa, Tamaulipas

  • Reynosa, Tamaulipas-Narcoviolencia-Claro ejemplo que los grupos criminales se diversifican en su transporte y modo de operar, Los halcones usan bicicletas para poder transportarse con facilidad y sin llamar tanto la atención, transportando en su mochila toda una serie de kits tanto paquetes de marihuana, radios de comunicación y estrellas ponchallantas, todo esto decomisados en Reynosa la semana pasada por Federales. 



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    PGR Ofrece recompensa de hasta 1.5 mdp por la localizacion de los normalistas desaparecidos

  • Narcoviolencia-La Procuraduría General de la República (PGR) ofrece una recompensa de hasta un millón 500 mil pesos a quien o quienes proporcionen información veraz y útil que ayude a la localización de cada uno de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, lo que equivale a una bolsa global de 64.5 millones de pesos.

    En un desplegado publicado en diversos diarios de circulación nacional, la dependencia ofrece también hasta un millón 500 mil pesos a quien dé información para la identificación, localización, detención o aprehensión de los probables responsables de delincuencia organizada y los que resulten en agravio de los normalistas.

    Cabe señalar que en el desplegado no especifica si vivos o si también se hace valida la recompensa si se encuentran sus restos ya que se tiene la esperanza que aun se encuentren con vida.
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    Tamaulipas: CRIMEN ORGANIZADO roba partes de sus torres a CFE


  • Tamaulipas-Narcoviolencia-El crimen organizado está quitando piezas metálicas (estructuras angulares) a las torres de alta tensión para más tarde colocarlas en el mercado negro o venderlas como chatarra.

    Esta actividad, según información proporcionada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a través del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, se ha vuelto práctica común sobre todo en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.

    El robo de partes de las torres de transmisión es cada vez más frecuente en 31 municipios de esas entidades, entre los más importantes.

    Tan sólo entre 2010 y hasta mayo de este año el crimen organizado ha quitado piezas a las torres de CFE en volumen cercano a los 90 mil 71 kilogramos en las tres entidades norteñas.

    De la información entregada por 6 gerencias regionales (dos se negaron a proporcionar los datos) se desprende que al robo de cobre se está sumando el robo de partes de las torres.

    En 2010 sólo se había registrado el robo de 960 kilogramos de metal.
    Para 2012, la cifra alcanzó los 66 mil 111 kilogramos; en 2013 bajó a 15 mil 866 kilogramos y en lo que va del año suman 3 mil 208 kilogramos.

    El costo del robo de piezas de torres y partes metálicas suma 13 millones 192 mil pesos en esos tres años y cinco meses, según la CFE.

    Funcionarios de la dependencia, que solicitaron el anonimato, indicaron que se puede tratar de personal de la propia CFE o de extrabajadores quienes en contubernio con la delincuencia organizada realizan estos actos.

    “Las herramientas que se utilizan para fijar las estructuras en las torres de alta tensión requieren cierta especialización y sólo personal capacitado puede realizar este tipo de maniobras”.

    Además, “necesitas saber qué estructuras puedes desprenden sin provocar pérdida de estabilidad de las mismas”, agregaron.

    La CFE sostiene que el robo de estructuras metálicas de torres de transmisión le ha provocado gastos en nuevos materiales para sustituir las partes que hurta la delincuencia organizada; en el pago de tiempo extra a los trabajadores para que realicen los trabajos y evitar mayores daños a las torres, y en el gasto que representa el uso de más combustible para los vehículos en los que se transportan las brigadas a los sitios para colocar las piezas faltantes.

    En respuesta a la solicitud de información, ocho gerencias proporcionaron algunos detalles del robo de piezas estructurales entre 2011 y 2014.

    La Unidad Administrativa, Gerencia Regional de Transmisión Central, indicó que tiene tres averiguaciones previas en estado procesal, dos de ellas promovidas en 2013, una por el robo de 390 piezas de ángulo y otra por 206 piezas, todas con valor de 192 mil pesos.

    La tercera averiguación fue promovida este año por el robo de 340 piezas de que no han sido valuadas.

    La Gerencia Regional de Transmisión Norte dio cuenta del robo de 19 mil 379 metros de cable de cobre valuados en 5 millones de pesos, entre otros.
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    Se reactivan autodefensas en Michoacán, Los Caballeros Templarios siguen operando


  • Michoacán-Narcoviolencia-El 28 de septiembre de 2014 el grupo de presuntos ex templarios conocido como Los Viagra expulsó de Apatzingán al comandante Arsenio Hinojoza, segundo de a bordo de la Fuerza Rural del municipio, a su familia, y a 28 de sus hombres, con todo y sus familiares, bajo amenaza de muerte.
    Los desplazados se refugiaron en un hotel del municipio de Buenavista y son custodiados por gente de Luis Antonio Torres, El Americano.

    Bajo la sombra de un árbol del hotel, Hinojoza narra que en su ausencia Los Viagra quemaron su casa y su taller de carpintería la madrugada del 6 de octubre, tras el decomiso de un laboratorio del grupo delictivo, ocurrido esa misma madrugada. “Son peores que los templarios”, dice sobre los siete hermanos que tras asumirse como criminales “arrepentidos” se enlistaron en la Fuerza Rural de Apatzingán.

    Hinojoza les incrimina violaciones sexuales, saqueos, cobrar 35% del valor de los inmuebles recuperados y la venta de “perdones” a templarios.
    Acusaciones entre ambos bandos provocaron su destitución y el retiro forzado de su voz de mando, Alberto Gutiérrez, el Comandante 5.

    En la Fuerza Rural la ira crece por la impunidad actuante de “arrepentidos” en sus filas. También por su reducida capacidad operativa: de 5 mil solicitantes, sólo se legalizó a mil, en 19 de los 34 municipios alzados. Y trabajan, dicen, sin equipamiento, vehículos y gasolina.

    Comandantes de la institución manifiestan que a pesar del despliegue federal en la región, las comunidades confían en ellos, su propio pueblo, para mantener una paz incierta. Aseguran que Los Caballeros Templarios siguen operando, que el gobierno no detiene a los cabecillas de plaza y que esa fue la primera condición que establecieron para la disolución de las autodefensas.

    El comandante Héctor Zepeda, al frente de la Fuerza Rural de Coahuayana, expone: “En mi municipio no se ha agarrado a Carmelo Núñez ni a su hermano Osorio, ni a Federico González Lico en Aquila. Y yo preguntó: “¿Ya agarraron a Servando Martínez, La Tuta? ¡A quién quieren engañar!”.
    La Fuerza Rural está rebasada. Por esa razón, cientos de autodefensas se reactivan de nuevo. En Coalcomán, por ejemplo, buscan evitar el desarme y resguardar comunidades rurales que son acosadas por el cártel pese a patrullajes militares.

    Luis Martínez, uno de los dirigentes de los mil 450 autodefensas del municipio, dice que si el gobierno los encarcela por hacer lo que no cumplió, sobrevendrá un nuevo levantamiento en Michoacán.
    “Ahora sí se va a alzar el pueblo de nuevo y no será sólo Coalcomán”, advierte el líder, “es Aguililla, es Aquila, es Coahuayana, es Chinicuila, es Tepalcatepec”.
    La reactivación de las autodefensas por llamados de auxilio de las comunidades comenzó, de hecho, hace un mes en la costa.

    En ese lapso, 200 guardias civiles reanudaron la avanzada —frustrada antes tres veces, con saldo de sangre y dos centenares de detenidos, entre ellos el líder de las autodefensas Manuel Mireles— hacia el puerto de Lázaro Cárdenas.

    Avanzada sin retorno

    En la barricada de Chucutitán, a 40 kilómetros del puerto de Lázaro Cárdenas, un mando de las autodefensas muestra la hoja arrugada que solicita apoyo a su “regimiento”, con sellos de las Encargaturas costeras de Chucutitán, Las Peñas, La Soledad, La Manzanilla y Teolán.
    En el documento se lee: “Hemos sufrido bastantes vejaciones, secuestros, extorsiones y asesinatos, y ya que no hay una respuesta de la autoridad competente, hasta hoy en día dijo basta la comunidad”.
    El comandante Amador Valencia, un campesino viejo y apacible, expresa que avanzaron a petición de esas comunidades que denuncian padecer el yugo templario de El Chabelo, El Piojo, El 500, El Tena y el jefe de todos, La Tuta.

    Se trata de una acción inusitada y temeraria en un municipio sin Fuerza Rural. Hace un mes esta vanguardia partió de Caleta, donde la autodefensa estuvo frenada siete meses, y ya ganó 30 de los 70 kilómetros de distancia al puerto.
    En tres retenes se despliegan unos 200 guardias civiles de los municipios de Aquila, Chinicuila y Lázaro Cárdenas, acompañados por un puñado de Fuerzas Rurales de Aquila y, extrañamente, por la policía estatal. Los mandos comentan que con dificultad solventan los gastos operativos, muestran amenazas recibidas vía celular y denuncian la ejecución de un autodefensa.

    Otros comandantes de la costa ven con recelo involucrarse en esa punta de lanza. Piensan que el gobierno puede encarcelarlos en cualquier momento porque desde la disolución de las autodefensas —ocurrida el 10 de mayo— tienen prohibido portar armas largas. Además, la autodefensa se acerca a La Mira, donde se detuvo al doctor Mireles y a 80 de sus compañeros en junio pasado por la misma razón.

    Sin embargo, esta avanzada está decidida a continuar. Antioco Calvillo, un profesor nahua del pueblo costero de Cachán, si bien desconfía del gobierno, piensa que no tienen otra opción.
    En febrero logró que 300 autodefensas se desplazaran 170 kilómetros de la carretera costera, en un tramo antes adueñado por el cártel, para rescatar a su esposa y a sus hijas de un cerco que montaron templarios en su casa.

    “Mientras yo no vea capturados a los jefes del cártel y a la gente que nos hizo daño, ni mi familia ni mi pueblo estarán seguros”, manifestó el indígena.
    —¿Qué están dispuestos a dar? —se le pregunta al profesor.
    —Hasta la última gota de sangre —asegura.

    Tambores insurrectos

    En los 19 municipios con guardias legalizados, un número superior a los 4 mil solicitantes rechazados por la Fuerza Rural se quedaron varados a su suerte. Ahora sus líderes son comandantes adscritos al gobierno y están bajo control. “No puedo dar entrevistas”, externa uno de ellos en Tierra Caliente, con el rostro tenso.
    En la región hizo mella el encarcelamiento de Mireles y, previamente, la aprehensión del dirigente limonero Hipólito Mora.

    En los municipios legalizados en los que se aceptaron “arrepentidos”, como Apatzingán y Buenavista, el escenario es de convulsión. En los que fueron rechazados, como Aquila, Coahuayana, Los Reyes y Tepalcatepec, tanto legales como no legales buscan hacer un frente común.
    Sin embargo, la orden federal de no sumar autodefensas en las acciones de los legalizados, a pesar de que están rebasados, les provoca un sentimiento de impotencia.
    Los recelos y la desinformación también afloran entre la masa insurrecta en municipios como Coalcomán, que se quedó sin interlocutores.

    El 5 de octubre, en el auditorio de la cabecera municipal de Coalcomán, 150 autodefensas —agricultores, comerciantes, trabajadores de aserraderos— arribaron, la mayoría de la sierra, sin armas largas. Algunos, dicen, sí cargaban pistolas ocultas por seguridad, pues “malandros” como El Toñón, El Pelón y El Scooby se esconden en las montañas y pueden atacarlos.
    En la reunión eligieron a nuevos líderes en la cabecera municipal y acordaron hacer lo mismo en cada comunidad para responder así a embates del cártel o a casos de compañeros detenidos o desarmados.
    Al frente del grupo quedó Joel Guillén, quien precisó que no se trataba de una división con los legalizados, sino “para tener más fuerza porque nosotros somos uno solo”.
    Otro de camisa de cuadros soltó en corto: “Tenemos que unirnos para cuando se vengan los putazos”.

    Fuerza sin fuerza

    En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL en municipios de la Tierra Caliente, la Meseta Purépecha y la costa, se constató cómo la Fuerza Rural hace frente al cártel de manera precaria.
    En Aquila, por ejemplo, que tiene 170 kilómetros de carretera costera y colinda con Lázaro Cárdenas y Arteaga —ambos bastiones de La Tuta—, 100 autodefensas solicitaron enlistarse y se legalizó sólo a 18. Tres de ellos son de Cachán, donde un puñado de indígenas hace guardia permanente sin armas a la vista.

    Uno de ellos expresa preocupado: “Los criminales están en los cerros, La Tuta está libre, Víctor Lucas Rivera El Tango está libre, El 500 también anda libre”.
    En el puesto hay sólo un Fuerza Rural en turno, Teófilo Vázquez, de 21 años de edad.
    El joven revela las condiciones de tan malas encomienda: “Tenemos dos meses sin paga [ganan 9 mil pesos al mes], me dieron un solo uniforme, una R-15 con un cargador de 30 tiros y las credenciales que nos dieron están vencidas”.

    Otro caso es el del municipio de Coalcomán, con una extensión mayor a la del estado de Colima, y sólo 45 autodefensas legalizados para patrullar poblados serranos, por caminos de terracería accidentados, de una a cinco horas de distancia de la cabecera municipal.
    Sin vehículos aptos, ni viáticos, los integrantes de las Fuerzas Rurales piden el combustible fiado en una gasolinera. Un Rural comenta que en sus escasos cinco meses de funcionamiento “ya debemos más de 300 mil pesos”.

    El despliegue de fuerza federal ahí es notable: 600 militares y 200 policías federales. Coalcomán, por cierto —enclavado en medio de los municipios inconformes de la costa y de Tierra Caliente—, será la sede de un nuevo cuartel militar, que ya está en construcción.
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    domingo, 19 de octubre de 2014

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    Gobierno Federal asume seguridad pública en 13 municipios de Guerrero por caso #Ayotzinapa

  • domingo, 19 de octubre de 2014
  • Familiares y amigos acudieron a Basílica de Guadalupe donde se ofició una misa por los
    43 desaparecidos de Ayotzinapa (Cuartoscuro).
    Ciudad de México-La Policía Federal y el Ejército Mexicano tomarán el control de la seguridad pública en 13 municipios de Guerrero y el Estado de México, como parte de las investigaciones por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, en la entidad guerrerense, informó Monte Alejandro Rubido García, titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).

    En conferencia de prensa este domingo, el funcionario federal mencionó que se tomó esta determinación debido a que se identificaron posibles nexos entre grupos de la delincuencia organizada y elementos de seguridad pública en las localidades referidas.

    Los municipios que tendrán desde este domingo presencia de las fuerzas federales en labores de seguridad pública, además de Iguala y Cocula, son: Apaxtla, Arcelia, Buenavista de Cuéllar, Coyuca, General Canuto Neri, Ixcateopan de Cuauhtémoc, San Miguel Totolapan, Taxco, Teloloapan, Tlapehuala y Pilcaya en Guererro, así como Ixtapan de la Sal en el Estado de México.

    “Los policías de estos municipios serán trasladados a la Sexta Región Militar en Tlaxacala, para practicarles exámenes de control de confianza, y hacer la valoración respecto a su actuación y confiabilidad”, mencionó el funcionario federal.

    Rubido García añadió que se han resguardado las armas de fuego de todos los policías bajo vigilancia, a fin de llevar a cabo las pruebas balísticas y ponerlas a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR), que podrá determinar si fueron utilizadas en actos ilícitos.

    Además, derivado de las investigaciones para dar con el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde septiembre pasado, el titular de la CNS manifestó que el síndico de Iguala, Óscar Chávez Pineda, fue detenido con el fin de ser presentado ante el Agente del Ministerio Público de la Federación, a fin de que pueda declarar sobre el caso de los estudiantes guerrerenses.

    Monte Alejandro Rubido añadió que el Estado mexicano ha solicitado la asistencia técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para dar seguimiento a la implementación de las medias cautelares que están en marcha para proteger a todas las víctimas de estos hechos.

    “Las dependencias del Gobierno de la República han desarrollado un plan de respuesta de atención a victimas, y con el fin de contar con el apoyo de las familias en la implementación de estas medidas", dijo el funcionario federal.

    El comisionado nacional de seguridad destacó que la PGR ha acreditado a los abogados representantes de los estudiantes y familiares, "con el fin de otorgarles pleno acceso al expediente y puedan coadyuvar en las investigaciones, para garantizar el derecho a la justicia y la verdad".
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    Muere acribillado militar en Tampico


  • Tampico-Narcoviolencia-Víctima de cuatro puñaladas en diferentes partes del cuerpo, un elemento militar fue asesinado en su domicilio durante la madrugada de este domingo.

    El hoy occiso fue identificado como Eduardo Anastasio Santiago, contaba con 25 años de edad y tenía su domicilio en calle Sinaloa número 200 de la colonia México, al norte de la ciudad.

    El hecho fue notificado a las corporaciones de emergencia a eso de las 01:40 horas, acudiendo al lugar personal de la Cruz Roja sin embargo a su llegada lo encontraron sin signos de vida.

    Cabe mencionar que a Procuraduría General de Justicia tomó conocimiento de los hechos.

    De los agresores nada se sabe las autoridades están investigando el caso.
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    REPORTAJE: Un cementerio llamado Iguala, Tierra de cadaveres


  • Guerrero-Narcoviolencia-Un hombre con la camisa empapada de sudor cava un hoyo entre unos matorrales. Otro que observa la escena, con casco y chaleco fluorescente, cree haber visto algo: “Eh, para. Un momento”. Agarra un hueso, lo posa en una piedra y explica a los que están arremolinados en torno al agujero: “Esta persona tuvo que ser asesinada hace dos o tres años. Lo trocearon con un machete. Pueden ustedes observar el corte limpio”. Los cerros que rodea la ciudad de Iguala, donde desaparecieron 43 estudiantes mexicanos hace tres semanas, están sembrados de cadáveres anónimos.

    Estos hombres de manos ásperas, provistos de picos, palas y machetes, son los policías comunitarios de Guerrero. Campesinos, obreros, granjeros, gente humilde en general levantada en armas por los nexos entre las autoridades de los pueblos de alrededor y el narcotráfico. Esta tarde calurosa en la que apenas corre el aire lucen, vestidos con sandalias y sombreros, como una remanente del ejército de Pancho Villa. Hace un rato subían al monte en camionetas y los vecinos los jaleaban por el camino: “¡Encuentren a esos muchachos, carajo!”.

    Los comunitarios se han unido a la búsqueda de los estudiantes y en su rastreo por las montañas se han topado con una verdad enterrada hasta ahora. Donde estamos, una zona semiselvática, ha sido durante años un patíbulo al que los sicarios del cartel local, los Guerreros Unidos, arrastraban a sus víctimas. “ Los obligaban a cavar su propia tumba. Imagínese usted aquí en medio de la oscuridad sabiendo que se lo van echar. Se me pone la piel chinita de pensarlo”, explica Miguel Ángel Jiménez, el hombre a cargo de la expedición.

    "No hay que buscar profundo. Los sicarios son huevones. Si fueran trabajadores no matarían”
    Jiménez va en avanzadilla abriéndose paso con un machete. Cuando encuentra tierra removida le pide a los suyos que se afanen con el pico y la pala. “No hay que buscar profundo. Los sicarios son huevones. Si fueran trabajadores no matarían”, señala. La instrucción es que si encuentran algún resto óseo dejen de cavar para no alterar la escena del crimen. Tomás Pineda, un instructor de maquinaria pesada que viste como Bob El Constructor, está a punto de acordonar una fosa tras toparse con un resto que cree humano. Sin embargo, observa con detenimiento el hallazgo y cambia de opinión: “Creo que se trata de un hueso de pollo”. “Compadre, las manos de pollo y persona son muy parecidas. No descarte nada”, le rebate otro comunitario. La discusión queda en el aire.

    Un anciano de gafas y sombrero hace de guía entre el follaje. Sidonio tiene 79 años y una casita cerca del cerro. Las mañanas las dedica al campo y las noches a ver la televisión con su esposa. El matrimonio está enganchado a una telenovela en la que una sirvienta va enamorando, poco a poco, “al señor de la casa”, casado con una mujer que le hace la vida imposible. La trama quedaba algunas noches interrumpida por el ruido de los coches que subían la ladera. “Se imagino uno a lo que iban pero en esta ciudad es mejor no andar de chismoso”, añade Sidonio.

    Días atrás, los comunitarios creen haber estado cerca de los narcotraficantes. Iguala está tomada por la policía federal y el ejército y una teoría es que los sicarios podrían estar escondidos en el monte. Jiménez dice ser capaz de escuchar el murmullo de un río a 120 metros. A esa distancia cree que escuchó en una loma cercana lamentos, quejidos, “como alguien que está sufriendo mucho”. “Nomás con cinco del calibre 22 nos aventaríamos a ver qué era pero íbamos desarmados (las autoridades les confiscaron las armas para dejarles participar en la búsqueda)”, cuenta.

    Donde estamos, una zona semiselvática, ha sido durante años un patíbulo al que los sicarios del cartel local arrastraban a sus víctimas

    El paradero de los jóvenes de Ayotzinapa, una escuela de formación de profesores rurales, es un misterio. La principal hipótesis es que la policía municipal de Iguala detuvo a los 43 estudiantes tras de una refriega en la que murieron seis personas la noche del 26 de septiembre. En comisaría los muchachos fueron entregados a sicarios, quienes los ejecutaron y enterraron. Las autoridades han encontrado 10 fosas con cuerpos pero los análisis de ADN descartan que sean de los estudiantes. Los comunitarios, por su lado, han encontrado nueve fosas más que no han sido analizadas.

    En junio, cerca de aquí encontraron 17 cuerpos. Nadie los identificó y semanas después fueron a parar a una fosa común. Ese es el probable destino de los cadáveres que van encontrado a su paso los comunitarios. Tras excavar cinco hoyos esta tarde, Jiménez llama por teléfono a un contacto de la policía estatal de Guerrero para informarle de lo hallado. Un comandante se presenta a los 15 minutos. Su camisa abierta deja ver un crucifijo colgado del pecho. Le acompañan tres hombres armados con fusiles. Los policías merodean por los agujeros sin rumbo fijo. El comandante zanja el asunto con una frase enigmática: “Ahorita nos ocupamos”. FIN.

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    Senadores del PRD piden la salida de Aguirre


  • Narcoviolencia-El coordinador de senadores del opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Barbosa Huerta, y el senador perredista Alejandro Encinas, solicitaron este domingo que el gobernador Ángel Aguirre Rivero pida licencia a su cargo, por los hechos violentos que derivaron en la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, informó un comunicado del Grupo Parlamentario del sol azteca.
    Cientos de estudiantes, familiares, maestros y simpatizantes en
     una marcha el viernes pasado para solicitar la aparición
    de normalistas

    En el marco del aniversario luctuoso de Lázaro Cárdenas del Río, realizado en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México, los legisladores opinaron que Aguirre, que llegó al poder bajo las siglas del PRD, debe de contribuir al esclarecimiento de la desaparición de estudiantes guerrerenses.

    Sin embargo, el legislador Miguel Barbosa aclaró que su postura es en su calidad de Consejero Nacional y militante perredista, no de coordinador de los senadores ni de Presidente del Senado.

    “Para nosotros se debe de contribuir al esclarecimiento de los hechos, a la agilización de la investigación y al fincamiento de responsabilidades. Nuestra posición no deriva de ver a Ángel Aguirre vinculado al crimen organizado, sino para nosotros lo que hay que establecer es la contribución a la investigación”, consideró el coordinador de senadores perredistas.

    Para Barbosa Huerta, la salida del gobernador tiene que representar una distensión social, además de ayudar a las investigaciones por el caso Iguala.

    El pasado 26 de septiembre, policías municipales de dicha localidad guerrerense, abrieron fuego contra civiles y estudiantes, matando a seis personas, además de provocar la desaparición de 43 normalistas.

    “Creemos en la honestidad de Ángel Aguirre, no lo vemos vinculado al crimen organizado, pero debemos de atender reclamos sociales, cada vez se descomponen más las cosas y vemos que la licencia del gobernador podría ayudar a la distensión social y a la investigación”, manifestó el líder legislativo.

    Por su parte, el senador Alejandro Encinas Rodríguez se pronunció por la separación inmediata del Gobernador del Estado de Guerrero, “que solicite licencia y con ello coadyuve no solamente a que esta decisión sea un factor de distensión social, sino que ayude y facilite el desarrollo de las investigaciones para que vayan a fondo independientemente de los niveles de responsabilidad en el ámbito federal y local que estén involucrados”.

    Los senadores perredistas adelantaron que el martes a sesionará la Comisión de Gobernación para dictaminar la desaparición de poderes en Guerrero, que presentaron senadoras y senadores del PAN, a la cual se adhirieron ciudadanos guerrerenses.

    “Tiene que ser un dictamen ajustado estrictamente al rigor de la ley, valoración de pruebas, fundamentos legales, encuadramiento de los hechos a los supuestos de la ley. En cualquier forma yo creo que debe subir como dictamen desechando o como dictamen aprobando la solicitud, va a subir al Pleno el martes”, adelantó  Miguel Barbosa.

    El gobernador Ángel Aguirre ha manifestado que lo que le ocupa e importa es la aparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.



    Citan al titular de la Sedena

    La Comisión Bicameral de Seguridad Nacional citó al secretario de Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, para informar sobre lo que las Fuerzas Armadas saben sobre el caso Ayotzinapa y las fosas en Guerrero.

    La próxima semana senadores y diputados también se reunirán con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y el procurador General de la República, Jesús Murrillo Karam.

    La desaparición de poderes

    El Tribunal Superior de Justicia de Guerrero respondió a la solicitud de información que hizo el Senado sobre la manera en que operan los tres poderes en el gobierno de Guerrero.

    La magistrada presidenta Lambertina Galeana respondió en un oficio que no existen condiciones para decretar la desaparición de poderes en el estado.

    Galeana asegura que a pesar de la situación en la que se encuentra Guerrero, el poder judicial sigue operando de manera regular.
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